jueves, 31 de enero de 2013

Fiscalía en Costa Rica no actúa en caso de brutal agresión contra indígenas

Comunicado de Prensa
  • Ante brutal agresión a indígenas el pasado 4 de enero; Fiscalía de Buenos Aires no actúa
  • Celso Gamboa (Viceministro de Seguridad) se reúne con agresores
  • Después de 26 de días del violento ataque, Fiscalía de Buenos Aires no actúa.
                                               
San José, Costa Rica, miércoles 30 de enero de 2013.

De la brutal agresión perpetuada por una turba de 50 personas no indígenas contra dos familias indígenas en Rio Azul de Salitre (territorio indígena, ubicado en Buenos Aires de Puntarenas) resultaron heridos los indígenas Mainor Ortiz Delgado con una bala en una pierna, un machetazo en la cabeza y una marca en el pecho que le realizaron con un hierro caliente; José Luis Ortiz Delgado con golpes varios y machetazos y Marco Obando Delgado con machetazos en sus extremidades superiores y una semi-amputación de tres dedos, además de otros miembros de las familias apedreados y apaleados; unido a estos delitos los agresores destruyeron sus viviendas, quemaron sus enseres personales y hurtaron sus herramientas de trabajo y sus utensilios de cocina.

Ante estos violentos hechos; el lunes 7 de enero las personas agredidas interpusieron las denuncias penales respectivas ante la Fiscalía de Buenos Aires; por los delitos de intento de homicidio y lesiones graves contra los supuestos cabecillas de los agresores, identificados como Edwin Guevara, William Arias y Ramiro Vega; los tres poseedores ilegales de tierras en Salitre.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía, se solicitaron las medidas cautelares de prisión preventiva y/o el que los denunciados no se acercaran al Territorio Indígena de Salitre; debido a la violenta actuación de los mismos. Sin embargo al día de hoy (26 días después de la agresión)  la Fiscalía de Buenos Aires no ha solicitado al Juzgado Penal ninguna medida cautelar.

Miembros de la Coordinadora de Lucha Sur Sur y de Colectivos Autónomos en nuestras visitas a Rio Azul de Salitre (durante los días 12 al 15 y del 19 al 20 de enero) pudimos constatar la presencia de los denunciados cerca del lugar de la agresión y su actitud intimidatoria y prepotente, reuniéndose en casa de estos con otros agresores.

Por la gravedad de los hechos denunciados y la permanencia de estos supuestos agresores y sus actividades en la zona; solicitamos a la Fiscalía de Buenos Aires actuar de inmediato para salvaguardar la integridad física de los indígenas agredidos y de quienes los acompañan. Además, solicitamos al Fiscal General de la Republica, a la Fiscalía Indígena y a la Defensoría de los Habitantes actuar de acuerdo a la ley y velar por que no haya impunidad una vez más.

Ante esta pasividad de la Fiscalía de Buenos Aires; el pueblo  indígena de Salitre con el apoyo de diversas organizaciones ha solicitado audiencia al Fiscal General y Fiscalía Indígena sin tener respuesta al día de hoy (en este sentido se adjunta carta del Frente Nacional de Pueblos Indígenas a las instancias referidas con fecha del 21 de enero).

Además varias personas, organizaciones e instituciones nacionales e internacionales han enviado cartas de presión a la Presidencia de la República, al Ministro de Seguridad y otras instancias para que esta situación no quede impune. (Adjuntamos copias de cartas nacionales e internacionales)

Viceministro de Seguridad se reúne con agresores

Según testimonios de compañeros y compañeras indígenas de Salitre, el día jueves 17 de enero, el Viceministro de Seguridad, Celso Gamboa estuvo en el territorio de Salitre, específicamente en la finca del supuesto agresor William Arias, acompañado por policía y no indígenas; esta visita nunca fue comunicada a la parte indígena. Este hecho se le comunico a la ONU aquí en nuestro país; estas instancias pidieron cuentas de este hecho a Gamboa y a la fecha no hay respuesta.

Miembros de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) y de Colectivos Autónomos (CCAA) constatamos y denunciamos la presencia del oficial de la Fuerza Pública Warner Vega  el sábado 19 de enero entre las 4 y 4.30 de la tarde, en el puesto policial que el Ministerio de Seguridad instaló frente a la finca recuperada en Rio Azul de Salitre. Warner Vega es hermano de uno de los supuestos agresores denunciados, Ramiro Vega. Este hecho evidentemente compromete la imparcialidad de la presencia policial y crea incertidumbre y desconfianza en la población indígena.

Instamos a las personas y organizaciones nacionales e internacionales a apoyar esta justa causa por el derecho al territorio de los pueblos indígenas y a denunciar estos hechos de brutalidad. Así mismo exigimos a las instancias políticas y judiciales de Costa Rica atender este asunto para que no quede en la impunidad.

Para mayor información;
Wilbert Ortiz Delgado  8568-7158            Byron Reyes Ortiz 8589-2526
Indígena de Rio Azul de Salitre                Indígena Térraba

Gustavo Oreamuno Vignet  8527-0039 y 2280-4725
Ditsö – Coordinadora de Lucha Sur Sur

Cordinadora de Lucha Sur Sur
Colectivos Autónomos

__________________________________________________________________________________


San José, 21 de enero del 2013.

Licenciado Jorge Chavarría
Fiscal General de la República
S.D.

Estimado señor Fiscal General
Reciba de nuestra parte un saludo de año nuevo, que sea lleno de paz y armonía.

Por este medio queremos solicitarle una audiencia, de manera urgente, con el fin de tratar el tema de “Gestión de los asuntos indígenas”, tramitados en su Dependencia, pues en los últimos meses ha aumentado la violencia contra las Comunidades  Indígenas, que han llegado incluso a agresiones físicas,  con distintas armas ( tubos, palos, cuchillos, armas de fuego, etc.), amenazas y atentados contra la vida de varios compañeros /as indígenas.

Sumado a esto existe un clima de hostilidad, promovido por personas no indígenas, que en algunos casos cuentan con apoyo de líderes políticos y funcionarios de instituciones, lo que hace más pesada la situación para las Comunidades que sufren estas violaciones de sus derechos. Estas personas frecuentan o viven  ilegalmente dentro de los territorios, lo que aprovechan para  provocar conflictos, amedrentar a vecinos indígenas, incluso realizando reuniones y actuaciones amenazantes y violentas en grupos de hasta 50 personas, como ocurrió el pasado 04 de enero en Ríos Azul de Salitre, que terminó con varios heridos en el  Hospital, por golpes graves,  machetazos y balas.

A pesar de que se han puesto varias denuncias, tanto en la Fiscalía Indígena en San José, como en las respectivos Despachos de la Zona (Buenos Aires y Pérez Zeledón ), los trámites son lentos, con la excusa de que hay muchos asuntos pendientes.

Cabe agregar que algunas autoridades del Gobierno han actuado, sin embargo estas personas continúan merodeando, amenazando, amedrentando  e incluso, jactándose de que  la ley nada les puede hacer, siendo algunos de ellos /as,  responsables de los delitos denunciados (como agresión con arma, amenazas, etc.),  impunidad que a la luz de los /as vecinos indígenas, causa indignación y crea temor, pero al mismo tiempo, no deja opción sino la preparación para enfrentar esta violencia injusta e ilegal.

Licenciado Chavarría, urge esta reunión con Usted, para ampliarle la situación y buscar soluciones a esta situación que nos niega el acceso a una justicia pronta y cumplida, en este campo penal y de garantías judiciales, de un ejercicio pleno de  Derechos Humanos

Le solicitamos, pueda integrar a la cita, a la Fiscal de Asuntos Indígenas y a los funcionarios que considere pertinente en la búsqueda de alternativas de solución.

Atentamente, por la Coordinación del FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS – FRENAPI:

Sergio Rojas Ortiz – Pdte. ADI, Territorio Bribri de Salitre.


 CC. Fiscalía Indígena y Fiscalía de Buenos Aires. Juzgado Contravencional Bs As.
         Magistrado Anabella León. Comisión Accesibilidad a la Justicia.
         Gustavo Cabrera Vega. Tutela Legal – DDHH – SERPAJ – FRENAPI.


 

martes, 29 de enero de 2013

Proyecto Comunidades Técnicas de Asistencia Mutua

Durante el 2012 iniciamos el desarrollo de cuatro comunidades de asistencia mutua o comunidades de práctica en Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y México. El proceso busca en el 2013 promover que en el marco político progresista que la Fundación Rosa Luxemburgo ha construído con organizaciones contrapartes y aliadas, éstas:

1) identifiquen sus prioridades tecnológicas y fijen una estrategia de desarrollo de sus infraestructuras utilizando Software Libre.

2) ubiquen cuáles de estas prioridades son comunes a nivel local y regional entre las organizaciones participantes, y cuáles pueden hacer que sus equipos técnicos colaboren a través de internet -y cuando sea posible de manera directa- para resolver las necesidades discutidas y acordadas libremente.

3) generen una agenda tecnológica común y desarrollen una estrategia para encontrar soluciones, inspirados en la asistencia mutua que caracteriza al movimiento del Software Libre. así como en la lógica de su promoción en la que el reconocimiento al mérito es aspecto importante en la cooperación entre personas y organizaciones.

4) promuevan de manera activa su agenda tecnológica entre las comunidades de Software Libre de sus propios países, para atraer activistas de ese movimiento quienes puedan contribuir con su trabajo al desarrollo de las comunidades constituídas por las organizaciones participantes.

En este momento estamos desarrollando el proceso de planeación en la Ciudad de México, con la presencia de organizaciones de centraomérica y México.

El programa de trabajo propuesto para la planeación estratégica de las Comunidades Técnicas de Asistencia Mutua tiene por objetivo desarrollar un ejercicio de planeación participativa que le permita a las organizaciones contrapartes y aliadas de la RLS:

  • Reconocer las iniciativas y los procesos organizativos de asistencia tecnológica mutua, así como a las personas líderes de dichos procesos en nuestras mismas organizaciones.
  • Desarrollar la visión compartida sobre la atención a prioridades comunes y las posibilidades del establecimiento de agendas tecnológicas locales y regionales.
  • Contar con una estrategia política para el fortalecimiento de esos procesos colaborativos y para satisfacer los requerimientos de su instrumentación técnico-operativa. 
Les invitamos a seguir esta discución;  a través de la transmisión en vivo (video)

http://a.stream.mayfirst.org:8000/ctam-video.ogg

lunes, 28 de enero de 2013

Declaración de redes participantes en la Cumbre de los Pueblos de Santiago de Chile

27 de enero de 2013

Organizaciones sociales y populares de América y Europa, reunidas en el marco
de la Cumbre de los Pueblos, a raíz de la Cumbre CELAC-Unión Europea
registramos el hecho de que es la primera vez que los países de América Latina
y el Caribe se presentan de manera conjunta a través de la CELAC ante la Unión
Europea (UE). No obstante, paradójicamente, el título de la cumbre es "Alianza
para el desarrollo sustentable, promoviendo las inversiones de calidad social
y ambiental".

No cabe duda que la cumbre gubernamental ha estado marcada por la dramática
crisis que enfrenta Europa y la posición de América Latina ante ella. En 2012
la economía europea entró en una nueva recesión que pone en evidencia que las
soluciones neoliberales –las políticas de austeridad- han fracasado
estrepitosamente, impidiendo una eventual recuperación económica. De allí la
imperiosa ‘necesidad’ para la Unión Europea de conseguir mercados externos
para sus exportaciones e inversiones, a lo cual nuevos acuerdos con países
latinoamericanos, o la profundización de los actuales, pueden ayudar.

Si los capitales europeos tuvieran alguna ‘responsabilidad social’ deberían
primero invertir en sus propios países y no dejar tras su huida al exterior a
más de 26 millones de personas sin trabajo. Como latinoamericanos nos
solidarizamos con estos trabajadores y trabajadoras así como con quienes ven
reducir sus salarios o sufren la precarización de sus pensiones. En definitiva
nos solidarizamos con todos los que no cuentan con ‘certeza jurídica’ para
proteger sus derechos ciudadanos mientras que las multinacionales piden
“seguridad jurídica¨ para sus inversiones y consagran en la Unión Europea la
austeridad como principio constitucional mediante el llamado Pacto Fiscal.
También mostramos nuestra preocupación por las medidas antidemocráticas
impuestas por las autoridades de la zona, que tienen una peligrosa tendencia
hacia soluciones autoritarias. Rechazamos los ‘golpes de Estado blandos’ que
desplazan jefes de gobierno elegidos democráticamente, por ‘tecnócratas’ que
dan plena confianza a los ‘mercados’ o mafias financieras.

Paradójicamente, las empresas europeas siguen siendo las mayores
inversionistas en la región y en años recientes  se han concentrado en la
explotación de recursos naturales, especialmente en minería y servicios. De
esta forma, más allá de la retórica contra la ‘reprimarización’ lo que hacen
es aumentar de forma extraordinaria la repatriación de utilidades hacia las
casas matrices. Por si fuera poco, en esta cumbre han pedido “más garantías a
las inversiones europeas, para poner fin al clima de desconfianza generado con
las expropiaciones realizadas el pasado año por Bolivia y Argentina”.
En un escenario de decadencia europea, la relación económica entre la UE y
América Latina se ha visto fuertemente deteriorada. A pesar de que los países
de la región lograron evitar en gran medida los peores efectos de la crisis
mundial en los años 2008 y 2009, las turbulencias de la eurozona pueden ser en
la actualidad una causa central de su desaceleración e inestabilidad
económica. Las implicancias de este escenario para las naciones
latinoamericanas son claras.

La CELAC, junto a la Unasur y el Alba, con todas sus dificultades, están
intentando establecer nuevas prioridades como son el progresivo y difícil
desplazamiento del énfasis mercantilista que había predominado en todos los
esquemas de acuerdos comerciales; la mayor atención hacia las asimetrías
económicas y sociales estructurales entre los participantes; la incorporación
de objetivos vinculados al desarrollo social; la inclusión de temas
ambientales; los intereses por construir una identidad comunitaria; los
énfasis en la democracia como contexto y como práctica interna de
funcionamiento; la apertura hacia la participación de la sociedad en la
definición de los rumbos y contenidos de la integración; y el avance hacia
proyectos de cooperación de apoyo a la integración en áreas clave, como son la
cooperación monetaria y financiera, la seguridad y soberanía alimentaria y
cooperación energética, entre otras. El éxito de estos procesos requiere que
se den pasos significativos para promover la participación de las
organizaciones sociales y civiles, creando mecanismos adecuados para ello.

Ello no significa, por cierto, negarse a la negociación de acuerdos
comerciales pero regidos por la reciprocidad, complementariedad y solidaridad
enfatizando los acuerdos Sur-Sur la cooperación y la complementación
económica, tratando de evitar la reproducción del esquema centro-periferia.
Mientras que los acuerdos Sur-Sur a nivel regional/sub-regional deben
entenderse como acuerdos de integración y como la consolidación de la propia
CELAC así como de la Unasur y el Alba. Asimismo debe respaldarse la agenda de
integración si se construye democráticamente desde los países que buscan
nuevas reglas para establecer un ‘equilibrio mundial multipolar’.

Por otro lado, no solo se trata de reconocer en los acuerdos el ‘Trato
Especial y Diferenciado’ o el llamado ‘espacio de política’ que permita a los
gobiernos latinoamericanos tener soberanía sobre la economía (especialmente
sobre los flujos financieros y de inversión extranjera directa); sino además
respetar la soberanía democrática. Ya no puede haber negociaciones secretas,
sin participación de la ciudadanía y sus organizaciones, que impida la futura
rendición de cuentas.

Por último, los países latinoamericanos que son fundamentalmente exportadores
de materias primas, deben una vez por todas tomar consciencia que este modelo
primario-exportador ha estado sustentado en una creciente precariedad laboral
y medioambiental. En toda América Latina debería desarrollarse un conjunto de
políticas directas, explícitas y transparentes que asuman como base vinculante
los imperativos del desarrollo sostenible, en lugar de la actual estructura de
instrumentos opacos -como en la UE- que se supone actúan indirectamente a
través de los mecanismos de mercado.

La nueva situación exige un replanteamiento fundamental de las relaciones UE-
ALC y un fortalecimiento de los mecanismos autónomos de integración. Se
precisa el respeto a la soberanía y el respeto a los derechos de los pueblos.
La colonización de las Malvinas, la intervención en Haití, la interferencia en
asuntos internos de países como Argentina, Bolivia y Venezuela, son
inaceptables. La integración latinoamericana y Caribeña debe basarse en los
derechos de la población, la aplicación de políticas sociales efectivas que
tengan en cuenta en especial,  los pueblos indígenas y las mujeres.

Retomando la declaración de organizaciones sindicales y otros importantes
movimientos sociales:

*Rechazamos el modelo actual de las relaciones entre UE y CELAC que responde
solo a los intereses de las grandes corporaciones  y que pretende profundizar
el ya fracasado esquema de libre comercio.

* Nos manifestamos por abandonar los TLC y TBI.

* Exigimos otra salida a la crisis diferente a la neoliberal que beneficia
sólo al capital financiero en desmedro de la población trabajadora.

*Instamos a los gobiernos latinoamericanos y del caribe a desistir del apoyo a
las corporaciones mineras que ofrecen un falso desarrollo y vulneran los más
elementales derechos de las comunidades y los pueblos.

*Instamos a los gobiernos latinoamericanos y del caribe a transitar hacia un
modelo económico y social post extractivista, basado en el pleno
reconocimiento de todos los derechos colectivos, laborales, de las mujeres, de
los pueblos originarios y comunidades y de la madre tierra. En el centro de
este modelo debe encontrarse la búsqueda y garantía de la plena soberanía
alimentaria.

*Luchamos por una integración solidaria de América Latina y el Caribe libre de
toda forma de colonialismo. Llamamos a resolver definitivamente todos los
conflictos derivados de ocupaciones e intervenciones inaceptables como en los
casos del bloqueo a Cuba, Guantánamo, Haití, Malvinas, Puerto Rico, entre
otros y a resolver por la vía del diálogo el derecho del pueblo boliviano a
una salida soberana al mar y solidarizarnos con el pueblo de Paraguay que
sufrio lo que se ha llamado un “golpe parlamentario, así como condenar la
militarización la instalación de bases militares extranjeras y la
criminalización de la protesta social .

*Llamamos a los pueblos de ambos continentes a redoblar sus lazos de
solidaridad, fortalecer las luchas contra el neoliberalismo e impedir que la
crisis se descargue sobre ellos.

Suscriben:

Alianza Social Continental
Acción, Asociación Chilena de ONG.
Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de América
Latina
Mesa Social por un Chile Justo
Latindadd
Central Unitaria de Trabajadores de Chile
Plataforma Interamericana de Derechos Humano, Democracia y Desarrollo

miércoles, 16 de enero de 2013

Aumenta presión y violencia por la tenencia de la tierra

MIÉRCOLES, 16 DE ENERO DE 2013
ESCRITO POR VINICIO CHACÓN (VINICIO.CHACON@UCR.AC.CR)
semanario universidad. costa rica
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/index.php/noticias/pais/8647-aumenta-presion-y-violencia-por-la-tenencia-de-la-tierra.html

Los incidentes que se dieron recientemente en la localidad indígena de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas -que dejaron tres heridos-, se suman a una ola de creciente violencia en la lucha por la propiedad de tierras cada vez más valiosas en las zonas rurales del país.
Poblaciones indígenas y comunidades de pequeños agricultores enfrentan cada vez más a los intereses de los terratenientes, en conflictos generados por incertidumbre registral sobre la propiedad de los terrenos en algunos casos, y en otros por simple usurpación e invasión de terrenos.
Incidentes de violencia como el de Salitre se han dado recientemente en comunidades como Medio Queso de Los Chiles o Keköldi en Talamanca (ver UNIVERSIDAD del 5 de diciembre 2012 y del 11 de agosto del 2011). 
Sergio Rojas, presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) de Salitre y coordinador nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), declaró que los conflictos en territorios indígenas se deben “a gente no indígena que son invasores ilegales de territorios nuestros y reaccionan con violencia”.
“Ahora nos quieren sacar de nuestra casa, pero ejerceremos nuestra autonomía y no permitiremos que nuestra tierra sea usurpada por gente que no tiene derecho a ella. Las poblaciones indígenas han tomado conciencia de ello y el pueblo de Salitre ha decidido seguir esa dirección”, añadió Rojas, quien en setiembre del año pasado sobrevivió a un atentado contra su vida.
Este mes de enero también ha visto tensas situaciones en Milano de Siquirres, concretamente en terrenos de la empresa agrícola Matas de Costa Rica S.A. En los enfrentamientos más recientes, los precaristas que reclaman pagos adeudados por la empresa recibieron disparos de parte de agentes de la empresa de seguridad privada Cisco, según reportó el Diario Extra el pasado 10 de enero. Ese incidente dejó varios heridos, incluso una mujer herida de bala en la cabeza.
UNIVERSIDAD buscó datos oficiales sobre la cantidad de conflictos generados por precarismo o intentos de usurpación de tierras. En el Instituto de Desarrollo Rural (INDER, antiguo IDA) se ofreció el dato de que el año pasado se aprobaron 64 desalojos de predios, pero no todos se hicieron efectivos.
A través de la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad, Alejandro Chan -jefe del Departamento de Desalojos- indicó que no se llevan estadísticas al respecto por falta de recursos, y que “tampoco son muy sencillas de realizar, porque en muchas ocasiones se envía la orden de ejecución a la policía y nunca recibimos respuesta de lo que ocurrió”.
Además hizo ver que “tampoco podemos saber cuántos desalojos ejecutó la Fuerza Pública, que fueron ordenados por oficinas públicas de todo el país y mucho menos por todos los jueces”.
CONFLICTOS EN TERRITORIOS INDÍGENAS
Rojas detalló que el territorio de Salitre consta de 3.500 hectáreas, que aún están en proceso de recuperación en su totalidad. Se trata de una población de unos 2.000 habitantes, quienes se dedican principalmente a actividades agrícolas, como la siembra de frijoles, maíz, café, cacao, banano, plátano, tubérculos y algunas frutas. También se da alguna actividad ganadera, pero las mayores fincas dedicadas a ello están en manos de personas no indígenas.
Además se mantiene un área importante de bosque primario y secundario. Añadió que el pueblo bribrí  de Salitre lo integran 17 comunidades, las cuales cuentan con tres colegios (dos son telesecundarias).
Al referirse al incidente del pasado 6 de enero, destacó la manera “violenta y cobarde” en la que el ataque se dio cerca de la medianoche, cuando un grupo de personas no indígenas “llegaron con armas de fuego y machetes y sólo había dos hombres, dos mujeres y dos niñas”.
“Quieren arrebatar la tierra a los indígenas, pero ya la comunidad está prevenida si hubiera otro atentado”, insistió al enfatizar que los indígenas poseen el título de propiedad de los terrenos. El dirigente coincidió en que situaciones como el avance de monocultivos como la piña o la intensa inversión inmobiliaria, han aumentado la presión sobre la tenencia de la tierra en el territorio nacional.
Asimismo, manifestó que el FRENAPI inició un proceso en Salitre y en los demás territorios indígenas del país, por la recuperación de los terrenos que están en manos de personas no indígenas.
Desde octubre del año pasado la Defensoría de los Habitantes medió en una tensa situación en Salitre y el jueves 10 de enero el defensor adjunto Luis Fallas visitó de nuevo la zona. El funcionario expresó que el último suceso se dio en un terreno que los indígenas habían recuperado el 2 de enero.
Fallas calificó los hechos de violencia que se dieron días después como “de gravedad inaudita”. Detalló que uno de los tres hombres indígenas que fueron heridos, fue marcado con un fierro candente para ganado. “Es un castigo de una simbología y un mensaje con el que nadie puede estar de acuerdo”, reprochó.
Según supo UNIVERSIDAD, tras esos incidentes varios sujetos han sido acusados penalmente, por intento de homicidio y lesiones culposas.
CAPITALES TRANSNACIONALES
Jeffrey López, de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, indicó que el problema de la tenencia de la tierra es “central” en términos de la  reivindicación de los derechos indígenas y de los pequeños campesinos.
Esa Asociación trabaja en diferentes comunidades temas relacionados con la expansión piñera, la instalación de proyectos hidroeléctricos o el medio ambiente. Tras recordar que en la zona sur el porcentaje de tierras dentro de territorios indígenas en manos de personas ajenas a esas comunidades es muy alto, López aseveró que “un indígena sin tierra pierde su cultura”.
Al referirse al problema de la tenencia de la tierra en la zona norte, coincidió en que ante la crisis económica y los procesos de transnacionalización de la agricultura, hay “mucha presión” para que los pequeños agricultores vendan sus tierras a piñeras y demás empresas de monocultivos.
Héctor Monestel, abogado de la comunidad campesina de Medio Queso, informó que no se han dado nuevas eventualidades en ese caso y que el problema de la tenencia de la tierra es “generalizado”.
A su parecer, hay “grandes capitales” que ejercen presión sobre la tierra y no sólo por el tema de la producción. “Existe un gran sector transnacional vinculado a la biotecnología y no es un secreto que en la zona norte hay intereses de ese tipo, que se suman a los desarrolladores inmobiliarios y turísticos, así como a empresas de producción extensiva de piña, naranja o melón”.
Sostiene que la  concentración de la propiedad de terrenos en manos de estas “nuevas versiones de terratenientes” es directamente proporcional a la “exclusión y destrucción de la pequeña y mediana actividad agrícola del país, es la pauperización del campesinado costarricense”, pues este sector “tiene cada vez menos opciones de acceso a la tierra y las políticas estatales de los últimos tiempos al servicio del capitalismo y de grandes transnacionales, ha afectado sus derechos hasta en el plano jurídico”.
MAYOR VIOLENCIA
Por su parte, el Defensor Adjunto destacó que situaciones como la que se presentó en Salitre se dan porque durante más de 30 años las comunidades indígenas no han encontrado respuesta de los gobiernos a los problemas de la tenencia de la tierra dentro de sus territorios y puntualizó que reivindicaciones similares  se están dando en Guatuso y Cabagra.
“Si no cambia la situación y la actitud del Gobierno, va a correr la sangre. Se puede desatar una reacción en cadena en los demás territorios indígenas”, advirtió con preocupación.
Mientras tanto, Jeffrey López subrayó que el país está ante un nuevo ciclo de lucha por la tierra, en el que destacó un “cambio institucional que desprotege aún más a los campesinos”, ya que con la transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el INDER “el Estado pierde protagonismo en la resolución de conflictos”.
Respecto a los grupos de seguridad privada, le llama la atención a que tanto en Salitre de Buenos Aires como en Medio Queso, “aparecen grupos irregulares armados que defienden los intereses de empresarios y terratenientes”.
“Estamos ante una nueva fase de lucha por la tierra, más conflictiva y marcada por la violencia de los usurpadores y los grupos irregulares que contratan”. Al mismo tiempo, aseveró que esa nueva fase más violenta forma parte de un problema estructural del sistema, el cual “no es coyuntural sino histórico”.



Enfrentamientos en Medio Queso

El caso se caracterizó por los desalojos y constantes enfrentamientos entre la comunidad de 132 familias y los agentes de seguridad privada contratados por un empresario llamado Élmer Varela, cuyo abogado manifestó a UNIVERSIDAD que Varela nunca dejó de trabajar el terreno en disputa desde el 2005 (ver edición del pasado 5 de diciembre).
En noviembre trascendió una grabación en la cual se escucha a quien aparentemente es un funcionario de la Fuerza Pública de Los Chiles, recomendar a los agentes de seguridad privada disparar a la cabeza de los campesinos.
En declaraciones a este Semanario, el abogado Héctor Monestel calificó el conflicto como un “claro ejemplo de la presión sobre la tierra”, ya que “esa finca se ubica en un sitio en donde el precio de la tierra se disparará”.

  




Violencia en Talamanca

En abril y julio del 2011 se dieron tensas situaciones en el territorio indígena de Keköldi, en Talamanca, a raíz de que un ciudadano italiano se adjudicó en un remate una finca que es abarcada por una ampliación de ese territorio indígena decretada en marzo del 2001.
En esa oportunidad el diputado José María Villalta declaró a UNIVERSIDAD que “es un ejemplo más de cómo en Costa Rica continúa el despojo de la tierra y los derechos humanos de los indígenas”.
Poco después, la comunidad ganó un proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo por la reivindicación de las 6.000 hectáreas  que conforman su territorio.



La policía en Pococí

En enero del 2011 la Fuerza Pública desalojó violentamente a 33 familias de un terreno de 46 hectáreas en la Rita de Pococí. UNIVERSIDAD reportó el hecho en la edición del 8 de febrero de ese año y documentó que cuando el desalojo aún no había terminado, se realizó la donación de 32 hectáreas al mismo Ministerio de Seguridad Pública, con el fin de instalar en el sitio la Academia Nacional de Policía.
Esas familias habían ocupado la tierra durante 10 años, cultivaban la tierra,  incluso habían construido casas y se agruparon en la Asociación de Productores Caribeños.



Tensión en las zonas costeras

Comunidades costeras como Sardinal de Carrillo –en Guanacaste-, o Puerto Jiménez y Dominicalito -en la zona sur-, desde hace años chocan de frente con la gran expansión turística que no sólo puja por esos espacios, sino por recursos esenciales como el agua.
En algunos casos, como el de Dominicalito, incluso se ejecutaron desalojos y se destruyeron algunas casas. La presión popular logró impulsar un proyecto de ley denominado Territorios Costeros Comunitarios, pero su aprobación no ha sido posible, y en su lugar se aprobó un proyecto de moratoria a la ejecución de desalojos, el cual fue cuestionado por la Contraloría General de la República.
En octubre pasado el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, declaró que esa medida  “establece el beneficio para hoteleros y concesionarios que se metieron en la zona pública. Incluso está beneficiando a sociedades anónimas que han sido cuestionadas por narcotráfico”.

miércoles, 9 de enero de 2013

De IMDEC, México. Acción Urgente: Rio Azul de Salitre Costa Rica


Estimadas autoridades de Costa Rica, 
A través de la presente externamos nuestra preocupación y extrañamiento, debido a que nuevamente tenemos conocimiento de graves hechos de violencia ocurridos el pasado 4 de enero en la comunidad de Rio Azul de Salitre; en los cuales resultaron heridos los indígenas Mainor Ortiz Delgado, José Luis Ortiz Delgado y Marco Obando Delgado con armas de fuego y machetes,  además de otros miembros de las familias apedreados y apaleados.

En anexo encontraran acción urgente en la que solicitamos su atención y resolución inmediata, quedamos atentos a su respuesta.

María González Valencia
Directora del Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)
Guadalajara, Jalisco, México





martes, 8 de enero de 2013

ACCION URGENTE DE SOLIDARIDAD: NUEVOS HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA HERMAN@S INDIGENAS DE SALITRE, COSTA RICA.

Estimad@s compañer@s



Por este medio estamos solicitándoles con caracter de urgencia, una acción de envío de cartas a las autoridades costarricenses (las direcciones se adjunta al final de la  carta borrador base) para presionar porque se encuentre una salida que garantice el respeto a la integridad física y los derechos de los pueblos indígenas, ante los graves ataques sufridos por compañeras y compañeros indígenas de Salitre, el pasado 4 de enero.

De este violento acto resultaron heridos los indígenas Mainor Ortiz Delgado con una bala en una pierna y un machetazo en la cabeza, José Luis Ortiz Delgado con golpes varios y machetazos y Marco Obando Delgado con machetazos en sus extremidades superiores y una semi-amputación de tres dedos, además de otros miembros de las familias apedreados y apaleados; unido a estos delitos los agresores destruyeron sus viviendas, quemaron sus enseres personales y hurtaron sus herramientas de trabajo y sus utensilios de cocina.


Hasta el día de hoy las y los compañeros indígenas  de Salitre con el apoyo de compañer@s indígenas de otros territorios, se mantienen en las tierras recuperadas, bajo el asedio de las turbas violentas de no indígenas.


A continuación un texto base de la carta;

8 de enero 2013

Laura Chinchilla Miranda
Presidenta de la República de Costa Rica
Mario Zamora Cordera
Ministro de Seguridad Pública
Ofelia Taitelbaum
Defensora de los Habitantes

A través de la presente hacemos constar que tenemos conocimiento de los graves hechos de violencia ocurridos el pasado 4 de enero en la comunidad de Rio Azul de Salitre; en los cuales resultaron heridos los indígenas Mainor Ortiz Delgado, José Luis Ortiz Delgado y Marco Obando Delgado con armas de fuego y machetes,  además de otros miembros de las familias apedreados y apaleados.


Al día de hoy, se mantienen los no indígenas en actitud de intimidación en los alrededores de la finca y en casas de Edwin Guevara, William Arias y otros, entre estos se encuentran los agresores ya identificados y que siguen con sus actitudes violentas en parte del territorio indígena.
Durante el día de ayer y hoy los compañeros indígenas han interpuesto las denuncias penales, ante las instancias judiciales correspondientes, contra Ramiro Vega, Edwin Guevara y William Arias por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones graves, correspondientes a los hechos de violencia del pasado 4 de enero.

Este condenable hecho es parte de una serie de agresiones y atentados contra la vida de hermanos y hermanas indígenas que luchan por recuperar legítimamente sus tierras que han sido usurpadas.
Por lo anterior;

1.      Exigimos una investigación exhaustiva, inmediata y oportuna, para que no quede en la impunidad este nuevo acto de agresión, que de no esclarecerse, dará pie a nuevas agresiones criminales, de quienes de manera cobarde se esconden, para atacar a personas pacíficas que sólo quieren respeto por su Territorio, Cultura y Autonomía.

2.      Hacemos un llamado a la comunidad internacional, para estar atentos al esclarecimiento de estos hechos y al respeto  de los derechos  de todos los pueblos indígenas de Costa Rica.

3.      Repudiamos tajantemente  este  atentado a la integridad física y a la legítima lucha de los pueblos indígenas costarricenses por el derecho a la Tierra.

4.      Exigimos al Estado costarricense para que actúe en consonancia con la defensa de los derechos humanos y  que garantice la integridad física de cada una de las personas amenazadas.

Atentamente,

Representante
Organización
Fecha y lugar

DIRECCIONES:

Laura Chinchilla Miranda
Presidenta de la República de Costa Rica
Casa Presidencial
Zapote, San José
Teléfono 22079170
Fax 22539078
Correo electrónico:   contacto@presidencia.go.cr

Mario Zamora Cordera
Ministro de Seguridad Pública
Teléfono 2586-4202
Correo electrónico: mzamorac@msp.go.cr

Ofelia Taitelbaum
Defensora de los Habitantes
Teléfonos (506) 2258-8585 / (506) 800-258-7474
Fax (506) 2248-2371
Correo electrónico: otaitelbaum@dhr.go.cr
                                defensoria@dhr.go.cr

FAVOR MANDAR CON COPÍA A: colectivosautonomos@gmail.com

Comunicado de prensa. Nuevos hechos de violencia y racismo contra hermanos y hermanas de la comunidad indígena de Salitre, Puntarenas, Costa Rica


Nuevos hechos de violencia y racismo contra hermanos y hermanas de la comunidad indígena de Salitre, Puntarenas, Costa Rica
8 de enero del 2013
En la noche del 4 de enero del 2013, al ser las 11 y 30 PM, un grupo de más de 50 no indígenas con armas de fuego, machetes, tubos, piedras y palos atacaron sorpresiva y cobardemente a dos familias indígenas, que con el apoyo del resto de la comunidad indígena, recuperaron una finca en manos de no indígenas, que la poseían ilegalmente, esto en la comunidad de Río Azul, Salitre, Buenos Aires de Puntarenas. 

De este violento acto resultaron heridos los indígenas Mainor Ortiz Delgado con una bala en una pierna y un machetazo en la cabeza, José Luis Ortiz Delgado con golpes varios y machetazos y Marco Obando Delgado con machetazos en sus extremidades superiores y una semi-amputación de tres dedos, además de otros miembros de las familias apedreados y apaleados; unido a estos delitos los agresores destruyeron sus viviendas, quemaron sus enseres personales y hurtaron sus herramientas de trabajo y sus utensilios de cocina. 

Al día de hoy, se mantienen los no indígenas en actitud de intimidación en los alrededores de la finca y en casas de Edwin Guevara, William Arias y otros, entre estos se encuentran los agresores ya identificados y que siguen con sus actitudes violentas en parte del territorio indígena.

Se han mantenido un reten policial para la requisa de no indígenas que entran al territorio, el cual no se ha hecho efectivo, y los cuerpos policiales no han hecho nada contra las actitudes intimidatorias de los no indígenas. 

Durante el día de ayer y hoy los compañeros indígenas han interpuesto las denuncias penales, ante las instancias judiciales correspondientes, contra Ramiro Vega, Edwin Guevara y William Arias por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones graves, correspondientes a los hechos de violencia del pasado 4 de enero. 

Este condenable hecho es parte de una serie de agresiones y atentados contra la vida de hermanos y hermanas indígenas que luchan por recuperar legítimamente sus tierras que han sido usurpadas: la agresión de no indígenas a parte de la comunidad en el Colegio del Territorio Indígena de Térraba (20 de febrero del 2012), agresión física contra el indígena Térraba, Pablo Sibar (14 de mayo del 2012), la declaratoria de no grato hacia Sergio Rojas departe de la Municipalidad de Buenos Aires (11 de agosto del 2012) y posteriormente, un atentado con arma de fuego contra su vida (17 de septiembre 2012), acto de usurpación y violencia en Cebror de Salitre por parte de no indígenas (del 30 de septiembre al 2 de octubre del 2012).

La actual situación de violencia hacia hermanos y hermanas indígenas, de la comunidad de Salitre y de otras comunidades indígenas de la zona sur de Costa Rica, es consecuencia de:
1- la problemática estructural e histórica de pérdida de tierras, usurpación y racismo que afrontan estas comunidades, con la complicidad de los gobiernos de turno.

2- El irrespeto por parte de los distintos gobiernos de los derechos ancestrales de los pueblos Indígenas y la falta de voluntad para aplicar los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que tutelan los derechos de estos pueblos.

3- El apoyo de políticos de turno a las pretensiones de empresas transnacionales, megaproyectos (hidroeléctricos, minería, mega turismo) y grupos de terratenientes y personas no indígenas de apropiarse de sus territorios y riquezas naturales de forma violenta e ilegal.

4- A la impunidad con que actúan y agreden estas turbas armadas, a hermanos y hermanas indígenas, misma que se deriva de la complicidad de las autoridades locales, de terratenientes y políticos.

Por lo tanto:

1-Responsabilizamos de estos hechos de violencia y de otros que sobrevengan, al gobierno actual, específicamente en las personas Laura Chinchilla, Presidenta de la República y Mario Zamora, Ministro de Seguridad Publica, por su complicidad, negligencia e inoperancia en la atención de los asuntos aquí descritos.

2-Exigimos una investigación exhaustiva, inmediata y oportuna, para que no quede en la impunidad este nuevo acto de agresión, que de no esclarecerse, dará pie a nuevas agresiones criminales, de quienes de manera cobarde se esconden, para atacar a personas pacíficas que sólo quieren respeto por su Territorio, Cultura y Autonomía.
3-Hacemos un llamado a la comunidad internacional, para estar atentos al esclarecimiento de estos hechos y al respeto  de los derechos  de todos los pueblos indígenas de Costa Rica.
4-Repudiamos tajantemente  este  atentado a la integridad física y a la legítima lucha de los pueblos indígenas costarricenses por el derecho a la Tierra.
5-Exigimos al Estado costarricense para que actúe en consonancia con la defensa de los derechos humanos y  que garantice la integridad física de cada una de las personas amenazadas

Firman:
Colectivos Autónomos
Coordinadora de Lucha Sur Sur
Coordinadora  Norte. Tierra y libertad
Ditsö
Socio Voz
Colectivo Espora
Juventud Progresista de Cartago JUPRO
Colectivo Coronado por la Naturaleza
Yara Kanic
Colectivo Machete

8 de enero del 2013


domingo, 6 de enero de 2013

NUEVA AGRESIÓN CONTRA HERMANOS Y HERMANAS DEL TERRITORIO INDÍGENA BRIBRI DE SALITRE


Remitido por: Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI)
COSTA RICA


COMUNICADO NO. 1-2013
PÚBLICO E INTERNACIONAL
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)

NUEVA AGRESIÓN CON ARMAS DE FUEGO, MACHETES, TUBOS Y PALOS
DEJA TRES HERIDOS DE HOSPITAL Y MUCHOS LESIONADO(A)S POR ATAQUE DE NO INDÍGENAS
EN EL TERRITORIO INDÍGENA BRIBRI DE SALITRE

Al ser las 11 y 30 de la noche de este 4 de enero de 2013, un grupo de más de 50 no indígenas con armas de fuego, machetes, tubos, piedras y palos atacaron sorpresiva y cobardemente a dos familias indígenas recuperantes de tierra/territorio en sus ranchos, en la comunidad de Río Azul, Salitre, Buenos Aires de Puntarenas. De este violento acto resultaron heridos los indígenas Mainor Ortiz Delgado con una bala en una pierna y un machetazo en la cabeza, José Luis Ortiz Delgado con golpes varios y machetazos y Marco Obando Delgado con machetazos en sus extremidades superiores y una semi-amputación de tres dedos, además de otros miembros de las familias apedreados y apaleados; unido a estos delitos los agresores destruyeron sus viviendas, quemaron sus enseres personales y hurtaron sus herramientas de trabajo y sus utensilios de cocina. Estos nuevos hechos de violencia son la continuidad de las agresiones impunes que se han venido sucediendo de manera sistemática en contra de las comunidades indígenas y de sus líderes con la complacencia y complicidad de las autoridades del Estado/Gobierno, entre ellas la fuerza pública e instituciones como CONAI encargadas de promover y respetar los derechos indígenas.


El FRENAPI denuncia ante la opinión pública nacional e internacional que este hecho criminal obedece a una campaña planificada, ilícita y racista promovida por no indígenas que buscan defender de manera ilegal y violenta la apropiación y usurpación de tierras indígenas y sus recursos naturales. El gobierno local indígena de Salitre hace algunos años amparado en la Ley Indígena no. 6172, en las Sentencias Judiciales Nacionales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos inició un PLAN TERRITORIAL DE RECUPERACIÓN DE TIERRAS que se encuentran usurpadas por no indígenas; dicha recuperación ha sido debidamente notificada en tiempo y derecho tanto a los poseedores ilegales no indígenas como a las autoridades del Estado, cumpliendo con el debido proceso.

El hecho aquí denunciado del pasado 4 de enero de 2013 aprovechando la oscuridad en clara desproporción de armas y cantidad de personas y el nivel de violencia y brutalidad ejercidos repite el patrón ocurrido en el 2012 en el Colegio de Térraba; Cebror y El Puente de Salitre y en que no es casual que la mayoría de los agresores sean los mismos; lo que hemos denunciado reiteradamente sin que hasta la fecha se hayan esclarecido los actos delictivos perpetrados ni menos se haya hecho justicia.

El Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena acordó:

·         Denunciar el hecho ante la Opinión Pública y ante las Autoridades Competentes;
·         Responsabilizar al Gobierno de la Presidenta Chinchilla Miranda y su Ministro Zamora Cordero de estos delitos cometidos y
·         Exigirle a las Autoridades Competentes la investigación inmediata de los mismos que establezcan los responsables y las sanciones que se merecen.

Así mismo acordamos solicitar al Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODHAIN) y a petición de la comunidad afectada, realizar una misión de observación inmediata para documentar los hechos denunciados y acompañar a la comunidad que sufre de las violaciones a sus derechos producto de este conflicto tierra/territorio. El ODHAIN de inmediato comisionó a un grupo de 7 personas miembros de las organizaciones: Asociación Comisión de Derechos Humanos (ACODEHU), Centro de Amigos para la Paz, Movimiento Humanista, Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA), Asociación de Estudiantes de Teología de la UNA, Servicio Paz y Justicia – Costa Rica (SERPAJ), Asociación Americana de Juristas – Costa Rica y Centro Pabru Presbere, las cuales estarán entrando en la comunidad a principios de la noche de hoy día 5 de enero del 2013. Los observadores permanecerán en la comunidad.

Invitamos a la prensa nacional e internacional a acompañar a la misión del ODHAIN y/o visitar a las comunidades afectadas por la violencia.

Solicitamos al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas enviar una delegación urgente que permita garantizar la vida, la integridad física y los demás derechos humanos de estos pueblos indígenas.
Alertamos a las autoridades y a la opinión pública que los agresores no indígenas se mantienen aún de manera ilegal dentro del territorio a escasos metros del lugar donde cometieron sus actos delictivos, con el agravante que desde el medio día de hoy las autoridades policiales abandonaron el sitio, lo que causa gran temor en la comunidad indígena de que se dé un nuevo ataque tal y como ocurrió en las agresiones en el 2012; esta comunidad de Río Azul está muy alejada del centro administrativo de población.

Urge la solidaridad por lo que instamos a organizaciones y personas a enviar cartas y mensajes a:

Presidencia de la República                          sugerencias@presidencia.go.cr           
Ministerio de Seguridad Pública                   comunicación.digital@msp.go.cr        
Defensoría de los Habitantes                         defensoria@dhr.go.cr          
Fiscalía General de la República y                 fgeneral@poder-judial.go.cr                  
Organismo de Investigación Judicial                       
Así como les solicitamos que mantengan una posición vigilante y que apoyen el movimiento en defensa de la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas.

San José, 5 de enero de 2013.
Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI)
Sergio Rojas Ortiz – Coordinador Nacional / 8911-0890
Luisa Bejarano Montezuma – Coordinadora Nacional