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Miércoles 3 de abril, 2013. Hartos de promesas no cumplidas por parte del Gobierno central −como la no aprobación del proyecto de ley de autonomía indígena− y del manejo de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) local, en la comunidad indígena bribri de Cabagra, el Consejo de Ancianos Iriria Jtechc Wakpa busca abiertamente sustituirla para ofrecer soluciones a los problemas de tenencia de la tierra.
Así lo explicó a UNIVERSIDAD Gumercindo
Torres −quien integra ese Consejo−, durante una entrevista el pasado
lunes 1 de julio en este Semanario, acompañado por Maximiliano Torres,
quien también integra esa organización.
Además estuvieron presentes Mariana
Delgado y Maynor Ortiz −del territorio indígena de Salitre−, quienes
narraron los violentos hechos acaecidos en enero pasado, en el contexto
de los conflictos por la tenencia de la tierra con personas no
indígenas. Ambos territorios indígenas se encuentran en Buenos Aires de
Puntarenas.
Expresaron molestia por el hecho de que
no hay medidas cautelares dictadas contra los agresores. La visita de
las cuatro personas a San José tuvo el propósito de sostener una reunión
en la Fiscalía de Asuntos Indígenas, para tratar esos temas y fue
gestionada por la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö.
Gumercindo Torres expresó que el Consejo
de Ancianos “nace de la frustración con el Gobierno, por la no
aprobación del proyecto de autonomía y hartazgo con la ADI”.
“¿Por qué tenemos que esperar que se
apruebe la ley para organizarnos y confirmar que somos los naturales de
la tierra y vivir nuestra cultura propia?”, cuestionó.
Añadió que tras 38 años están cansados
de la ADI de Cabagra, debido a año tras año muchas familias acuden a la
Asociación para buscar solución a sus problemas por tenencias de tierra
y “ven que no se solucionan, que personas no indígenas reciben
documentos, las parcelas siguen en disputa y no entienden por qué”.
La visita a la Fiscalía de Asuntos
Indígenas tuvo el propósito de poner en conocimiento de las autoridades,
varios casos relacionados al problema de tenencia de la tierra.
Maximiliano Torres detalló que el
Consejo se formó a partir de los nueve clanes tradicionales de la zona,
con el propósito de “volver, proteger y defender el territorio de
nuestros antepasados y nuestra forma de vida”.
En mayo la ADI emitió un documento con
fuertes críticas a este Consejo y a Maximiliano Torres, acusándoles por
integrar el Consejo “mediante autonombramiento, desconociendo todo el
bagaje cultural que en materia de Derecho Consuetudinario aplica en
nuestro pueblo” y porque “han procedido a hacer documentos de tierras
sin tener la autoridad jurídica ni legal para ello, invasión y robo en
propiedades de otros indígenas”.
UNIVERSIDAD intentó contactar a Eduardo López, integrante de esa ADI, pero no fue posible ubicarlo por su teléfono celular.
VIOLENCIA EN SALITRE
Sobre la situación que se vive en
Salitre, Mariana Delgado coincidió en señalar que el fracaso del
proyecto de autonomía indígena significó que “no nos queda más que
luchar nosotros mismos por lo que se nos ha quitado”, pues muchas
tierras están en manos de no indígenas, según dijo.
Por su parte, Maynor Ortiz relató el
ataque sufrido el 4 de enero hacia las 11:30 p.m., cuando su familia se
encontraba en una casa en la finca de su hermano Wilberth, “que es
territorio recuperado por nosotros”. Recordó que llegaron unos 50
hombres armados, entraron a la casa y le golpearon a él y otras dos
personas. “Mi madre, mi mujer y mi hija de cinco años vieron cuando me
dispararon en la pierna, luego empezaron a golpearme con palos y a
patadas”, un sujeto le apuntó con un arma a la cabeza y posteriormente
sintió “una platina caliente en el pecho”; después de eso lo golpearon
hasta dejarlo inconsciente.
Gustavo Oreamuno, de Ditsö, puntualizó
que en la reunión sostenida el lunes 1 de julio, el fiscal auxiliar a
cargo del caso explicó que no se ha solicitado la realización de un
juicio, en espera de la valoración que se le hará a Maynor y su hermano
José Luis Ortiz, para determinar la existencia de las lesiones sufridas.
“El fiscal aceptó que las medidas
cautelares no habían sido solicitadas por la Fiscalía de Buenos Aires en
el momento procesal cuando se dio la indagatoria”, añadió.