miércoles, 31 de agosto de 2016

La libertad de empresa limita ejercicio democrático de municipalidades: La Sala Constitucional anula moratoria a la expansión piñera en el cantón de Los Chiles

La libertad de empresa limita ejercicio democrático de municipalidades:
La Sala Constitucional anula moratoria a la expansión piñera en el cantón de Los Chiles

Comunicado de prensa.

Este 12 de agosto, la Sala Constitucional falló en contra de la moratoria al monocultivo de la piña decretada por la Municipalidad de Los Chiles el 05 de julio pasado. El acuerdo fue planteado a petición de las comunidades afectadas por los graves impactos de esta agroindustria en la zona norte de Costa Rica.

El ejercicio democrático de comunidades y gobiernos locales para a escoger un camino propicio para bienestar y la salud de su propia comunidad tiene límites y uno de esos parece ser la libertad de empresa. Así lo ha decidido La Sala Constitucional en su sentencia 011545-16 a raíz de un recurso de amparo interpuesto por la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) en contra del Concejo de la Municipalidad de Los Chiles a razón de que esta declaraba una moratoria de cinco años para el otorgamiento de permisos, autorizaciones municipales y certificados de uso conforme para la construcción e instalación de proyectos piñeros en dicho cantón.

La moratoria está sustentada en la urgencia de constatar técnicamente los impactos negativos en la actividad piñera a la luz de estudios que demuestran el impacto sobre la calidad del agua potable para uso/consumo humano y animal; los daños ocasionados a la ganadería  debido a mal manejo a los rastrojos; la tala del bosque descontrolada; la explotación laboral y el surgimiento de afectaciones sobre la salud de trabajadores/as y vecinos/as por agrotóxicos.

Han sido tres las municipalidades que han intentado poner un freno a la irresponsable industria piñera. En 2008 Guácimo hace efectivo el reclamo comunitario para impedir que esta agroindustria siga afectando sus comunidades e instala una moratoria. Le siguió Pococí en 2012, con un acuerdo municipal igualmente acuerpado por organizaciones vecinales de la zona de Guápiles pero la Sala Constitucional anula está moratoria a petición de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto ese mismo año por la CANAPEP. La misma suerte corrió este mes de agosto para la declaratoria del cantón de Los Chiles.

Desde la Campaña Piña Sin Derechos alertamos sobre la intromisión dentro de la Sala Constitucional de intereses particulares en contra del bienestar público. Denunciamos a los Magistrados: Castillo, Rueda Leal y Hernández López por crear un precedente negativo en cuanto al derecho de autodeterminación de las comunidades y gobiernos locales. Lamentamos que la salud y el bienestar de la población afectada por este monocultivo se ponga en un segundo plano y sea menos importante que al bolsillo de empresarios que se brincan la legislación ambiental y laboral de este país.

La Campaña Piña Sin Derechos convoca a defender las propuestas de las comunidades que han planteado un freno a esta destructiva industria, pese a violencia y la criminalización. Por esta razón proponemos un plantón frente a la Sala Constitucional el próximo 06 de setiembre a las 11:30 a.m.  para manifestar nuestro desacuerdo ante este fallo que sienta precedentes poco decorosos para la justicia ambiental y social de este país.

San José, Costa Rica. 31 de agosto 2016

Contactos: 
Gerardo Barba (vecino de Los Chiles) 8815-3475 
Jeffery López (Ditsö) 8878-9009

martes, 30 de agosto de 2016

Costa Rica. Se presentan sectores comunitarios de Los Chiles ante la Alcaldía por anulación de moratoria a la expansión piñera.

Nota de prensa

  • Se presentan distintos sectores comunitarios de Los Chiles ante la Alcaldía; por anulación de moratoria a la expansión piñera.

Hoy martes 30 de agosto, a partir de las 8:30 de la mañana, vecinos y vecinas del Cantón de Los Chiles, zona norte de Costa Rica, estarán haciéndose presentes en la Municipalidad para exigir a la Alcaldía que respete la decisión popular de no aceptar que la siembra de piña a gran escala siga expandiendo de forma irresponsable en sus comunidades. Exigen que se respete plenamente el Derecho de las comunidades a gozar de un ambiente sano tal y como lo establece la Constitución Política, en su artículo 50.

La decisión de los y las vecinas de ir a exigir al gobierno local, que actúe en forma responsable ante la crítica situación que se vive; se da como consecuencia de la reciente decisión de la Sala IV (Expediente: 16-009192-0007-CO, Sentencia:011545-16. Ponente: Magistrado Fernando Castillo Víquez) de anular: “el acuerdo número III, inciso c), de la sesión ordinaria N° 15, celebrada el 05 de julio de 2016, mediante el cual el Concejo de la Municipalidad de Los Chiles declaró una moratoria de cinco años para el otorgamiento de permisos y autorizaciones municipales, y certificados de uso conforme para la construcción e instalación de fincas piñeras en dicho cantón.”

Este acuerdo municipal que se votó de forma unánime y en firme por el Concejo Municipal de Los Chiles, representa un paso importante en favor de las comunidades afectadas por la actividad piñera; responde a las exigencias de diversos sectores, como los pequeños ganaderos y productores que han visto seriamente impactado su trabajo y de distintas organizaciones, vecinos y vecinas que ven con suma preocupación el impacto negativo de la actividad piñera en las aguas de consumo humano y en la destrucción de la naturaleza.

Representantes de las comunidades afectadas responsabilizan al actual alcalde Jacobo Guillén Miranda del Partido Liberación Nacional,  de actuar en función de los intereses de las empresas que desarrollan la actividad piñera de forma irresponsable y en muchos casos de manera ilegal. Señalan que este se negó a publicar en el diario oficial La Gaceta el acuerdo referido del Consejo Municipal y que es responsable directo de la expansión piñera al ser este el anterior gestor ambiental de la Municipalidad.

Coordinadora Norte Tierra y Libertad
Ditsö

lunes, 29 de agosto de 2016

Territorio Bribri de Salitre. CONSEJO DITSO AJKUNOK WAKPA denuncia actos de irrespeto, intimidación y violencia por parte de terratenientes, Comisión Cantonal Bonarense , " politicos" y grupos afines.

#LuchaIndígenaCR

 Territorio Bribri de Salitre. CONSEJO DITSO AJKUNOK WAKPA denuncia actos de irrespeto, intimidación y violencia por parte de terratenientes, Comisión Cantonal Bonarense , " politicos" y grupos afines.   

1 comunicado público, setiembre 2016.

" Con indignación y coraje al leer la información de las redes sociales del muro del señor Leonel Arburola y Bernardo Archer Moore titulado “Madres indígenas del sur celebran su día de manera inusual”: demandamos y repudiamos este tipo de publicaciones denigrantes y desprestigiosas, calumniosas al Pueblo Bribri de Salitre y malsanamente utilizado para escudar a los no indígenas y otros sectores institucionales a fin de evitar la aplicación de las leyes en este caso los desalojos que se deben aplicar a los no indígenas o saneamientos territorial del Bribri de Salitre, acción que el estado trata de realizar a regañadientes.”

“No es cierto que el pueblo Bribri se muere de hambre, no es cierto que los no indígenas nos mantienen, somos nosotros los que hemos mantenido a los no indígenas por muchos años dentro de nuestros territorios, pero se acabó."


viernes, 19 de agosto de 2016

INVADEN CASA DE FAMILIA INDÍGENA EN SALITRE

COMUNICADO DE PRENSA

INVADEN CASA DE FAMILIA INDÍGENA EN SALITRE

INSTANCIAS POLICIALES Y JUDICIALES NO ACTÚAN


Viernes 19 de agosto de 2016

Jairo Figueroa Calderón,  indígena bribri del Pueblo Originario Bribri de Salitre, vecino de la comunidad de Cebror de dicho territorio originario;  se percató el domingo 14 de agosto que su casa de habitación fue invadida por otras personas.

La casa de Figueroa Calderón ubicada 500 mts al sur de la escuela de Cebror,   fue invadida y se encuentra ocupada ilegalmente hasta el día de hoy, por un grupo de personas indígenas,  cercanas a los terratenientes; dentro de los ocupantes ilegales, se ha logrado identificar a Arnold Rojas Torres, Hania Torres Mayorga y Berner Santos López.

El mismo día 14 y ante la llamada de Jairo Figueroa,  se apersonaron al lugar tres oficiales de la delegación de Buenos Aires de la Fuerza Pública, en la patrulla placas 8-5501, entre estos la oficial Marlen Morales Monge quien mantuvo una actitud hostil y de desprecio ante las denuncias de Figueroa Calderón, de hecho, los oficiales se retiraron sin levantar un acta o parte en el propio lugar de los hechos.

Jairo Figueroa,  se presentó el martes 16 de agosto ante la Fiscalía de Buenos Aires, con el fin de presentar la respectiva denuncia; en dicha instancia fue atendido por Heiner Berida Anchia y otro funcionario, un licenciado de nombre Esteban (se desconoce sus apellidos) quienes actuando de manera prepotente, contraria al ordenamiento jurídico e incumpliendo sus deberes se negaron a recibir la denuncia y  manifestaron que si exigían autonomía fueran a resolver sus problemas al territorio; esto aún cuando Jairo presentó el derecho de posesión que sobre el mencionado lote le extendió la ADI de Salitre, desde el 2012 (adjuntamos derecho de posesión).

Además se negaron a dar alguna explicación por escrito de su negativa a recibir la denuncia.

Ante lo ocurrido Jairo Figueroa,  se presentó a la Delegación Policial de Buenos Aires donde también fue tratado con irrespeto e indiferencia por dos oficiales, uno de apellido Arauz y Ronald Solís,  así como el jefe de dicha delegación,  Guillermo Barquero,  quien le dijo que fuera a buscar a la ADI para resolver ese problema.

Una vez más los funcionarios policiales y judiciales de Buenos Aires se comportan de manera prepotente y discriminatoria contra los Pueblos Originarios del cantón e incumplen sus deberes, actuando arbitraria e ilegalmente.

Ante esta situación,  la familia Figueroa Calderón y la Asociación Ditso se comunicaron desde ayer jueves 18 con el Viceministro de Justicia y Paz (ministerio encargado recientemente para atender los pueblos originarios), el señor Victor Barrantes;  la respuesta del jerarca fue que ya había comunicado la situación a la Fiscalía de Asuntos Indígenas.

Quienes suscribimos, exigimos la intervención inmediata de las instancias políticas,  judiciales y policiales pertinentes,  con el fin de solucionar lo aquí denunciado y hacer que Jairo Figueroa pueda disfrutar de su tierra, territorio y casa como legitimamente le corresponde.

Además exigimos que se intervengan , se investiguen y se sancione de una vez por todas, a las y los funcionari@s judiciales y policiales de Buenos Aires, quienes de forma reiterada violentan los derechos de los Pueblos Originarios.

Familia Figueroa Calderón.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Ditsö.